APEDE pide al Órgano Legislativo que desista del Proyecto de Ley No. 40 que regula el pago por servicios ambientales

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La APEDE considera que el proyecto de Ley No. 40 que regula el pago y compensación por los servicios ambientales en la República de Panamá, conocido por sus siglas de PSA, no es viable, ni desde un punto de vista ambiental, ni social, institucional y económico.

El mismo fue aprobado en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea, y se encuentra en agenda del Pleno de la Asamblea para su discusión en segundo debate, por lo que después de varios análisis reiteramos las mismas inquietudes que en su momento se presentaron mediante nota al presidente de la citada Comisión:

1. Se establecen nuevas tasas y gravámenes a diferentes servicios públicos y diversas actividades económicas que ya están gravadas, bajo la pretensión de “retribuir” servicios ambientales mediante pagos a fondos, a pesar de que el proyecto establece que no se considerarán impuestos, tasas, etc. Claramente lo son.

2. El proyecto de Ley contiene posibles vicios de inconstitucionalidad, ya que el artículo 264 de la Constitución establece la proporcionalidad de los impuestos, y como está establecida “la tasa”, no es proporcional a las actividades gravadas.

3. El mecanismo propuesto no es el más apropiado, dado que no aclara el servicio que se está brindado, ni a quién se le paga o cómo se realizarán los pagos. Esto violaría también el artículo 52 de la Constitución, que dispone que la Ley debe establecer el impuesto, y a quién se le paga.

Para la consecución de fondos que es el objeto del Proyecto de Ley presentado, queremos recordar que existe el Fondo Verde del Clima creado en la Cumbre del Clima (COP16) de 2010 para apoyar financieramente a los países en desarrollo en su esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero, actualmente el mismo cuenta con un capital de 10 mil millones de dólares, hasta llegar a su meta de 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020.

La APEDE considera que combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos debe ser un objetivo del Gobierno en conjunto con todos los sectores de la sociedad, pero esto debe hacerse bajo programas y políticas estudiadas, consultadas, consensuadas y ejecutadas por las instituciones competentes, a fin de que produzcan resultados sostenibles en el tiempo. Sin lo anterior, cualquier iniciativa para colectar y dispensar fondos resultará en esfuerzos infructuosos, desperdiciando recursos, y encareciendo drásticamente la producción y costo de vida del país sin alcanzar además objetivos de conservación de la diversidad biológica como se presenta el proyecto de ley de PSA.

Por lo anterior, la APEDE solicita al Órgano Legislativo desistir de esta iniciativa que no responde a las necesidades de la población, ni de los sectores productivos, ni se alinea con la meta de una economía baja en carbono para el país como lo manifestara recientemente el Presidente Varela ante la Asamblea General de la Naciones Unidas y descrita en el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019.

Los instamos a que convoquen a representantes de las instituciones gubernamentales con competencias en la materia, el sector privado y otras partes interesadas para que a través de un consenso multisectorial se evalúen otras vías de colaboración con la agenda de desarrollo sostenible del país que sean congruentes con el marco jurídico vigente.