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Publicado el Jueves, 14 Febrero 2013 10:48

Escrito por Relaciones Públicas

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Por: Cynthia Langshaw

Desde hace mucho tiempo, y cada vez con mayor intensidad, vienen dándose en el país fuertes manifestaciones de cientos de familias en protesta por la falta de agua potable en sus comunidades.  Repasemos algunos titulares noticiosos: “Cierre de la vía Panamericana por falta de agua en Chiriquí; protestas de falta de agua termina en pelea; protestas en Torrijos-Carter por falta de agua; residentes de Caimitillo en Chilibre cierran vía en protesta por falta de agua;  polémica por falta de agua, pozos se secaron; moradores de Veracruz protestan por ser gorgojos; doce arrestos por falta de agua en Colón”, etc.

Repasemos ahora la solución que brindan las autoridades:  “Presencia de unidades de control de multitudes de la Policía Nacional lanzan bombas lacrimógenas y gas pimienta para desalojar de la vía a los alborotadores; envío de carros cisternas y cobro de coima por los conductores; se procederá a la instalación de tuberías que hagan posible la interconexión de los pozos secos a la potabilizadora; las válvulas no están abiertas adecuadamente por lo que el agua solo llega a las partes más bajas; adjudicación a una empresa que se encargará de construir una nueva bomba con capacidad triple; ampliar el suministro de agua potable con camiones alquilados; conformación de un comité para la transformación del sector agua potable y alcantarillas nacionales;   Proyecto de ley que crea la Autoridad del Agua”, etc.

Lamentablemente en Panamá, quienes desarrollan los programas de políticas públicas tienen muy claro que el costo político que conlleva la real solución al suministro de agua potable a la población en general tiene un mayor peso, frente a la obligación del Estado, a través de los gobiernos de turno, de tomar la decisión firme de incorporar capital privado al desarrollo de este servicio para proveer a todos los panameños del acceso al vital líquido, como un derecho humano básico.

El Proyecto Ley que crea la Autoridad del Agua podría tratarse de otro carro cisterna.  Fíjense, nada más, que para impulsar la Autoridad se requiere que el Estado aporte US$800 millones y un subsidio estatal, sin término fijo,  el que sería levantado hasta que la Autoridad por sí sola, con sus propios recursos, pueda generar programas y proyectos que den continuidad al mantenimiento de tuberías subterráneas deterioradas con crecientes fugas, mantenimiento de las plantas potabilizadoras, nuevas infraestructuras y modernización que garanticen el suministro del agua dulce de manera universal y constante en el territorio nacional, entre muchas tareas pendientes. ¿Esto en qué década o siglo pudiera darse?

El factor población sigue creciendo, la migración y desplazamiento de personas y hasta de familias enteras del interior del país hacia la capital es constante, la despreocupación y desinterés de los gobiernos de escuchar y atender las recomendaciones de los urbanistas serios que, persistentemente, exponen la urgencia de un desarrollo urbano planificado, la extensión de la ciudad capital hacia los extremos, emergen los precaristas de la noche a la mañana, la contaminación de nuestros ríos y afluentes, la falta de saneamiento, en fin, toda una serie de circunstancias, factores y burocracia impiden que un instituto o una autoridad politizada puedan realmente satisfacer esta imprescindible necesidad de todo ser humano;  mas aún cuando no paran los incrementos de desarrollos inmobiliarios de primer mundo, como la ciudad marina, islas artificiales residenciales, secuencias de cintas costeras con sus atractivos, entre otros proyectos.

Busquemos la solución real de la transformación del sector transfiriendo a la órbita privada esta gestión,  salvaguardando los intereses nacionales con la figura de un ente regulador para este servicio específico, con objetivos claros, transparentes e independiente y con capacidad para convocar con armonía a los diferentes actores en este proceso.

La decisión no estará exenta de movilizaciones opositoras, será imperante la credibilidad del gobierno que la presente y la organización ciudadana afectada. Es un trabajo arduo, pero esperanzador a que todos podamos vivir con una mejor calidad de vida.