Presidenta de APEDE insiste en cualidades morales y profesionales del nuevo integrante de la CSJ

Luego del cumplimiento de sus deberes constitucionales, el juicio y sentencia del imputado Alejandro Moncada Luna, por parte de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Dagmar A. de Álvarez, le reitera al Órgano Ejecutivo que ahora corresponderá hacer su trabajo de nombrar al reemplazo para que concluya el período del magistrado declarado culpable, bajo los parámetros de transparencia y sobre la base de un perfil de honestidad, ética, profesionalismo y de conocimiento de la justicia.

De Álvarez indicó que si bien es cierto que lo sucedido esta mañana en la Asamblea Nacional, cuando un Tribunal de Garantías llevó a efecto el juicio a Alejandro Moncada Luna por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica en documento público y aceptó el acuerdo pactado el pasado 23 de febrero por parte del fiscal de la causa y el propio imputado, con lo que se percibe el comienzo de la recuperación de que hay certeza de castigo en nuestro sistema, no podemos dejar pasar desapercibida la preocupación de la ciudadanía en cuanto a que para esas posiciones de la administración de justicia, se deberá nombrar a personas con solvencia moral y profesional comprabas.

La presidenta de APEDE hizo énfasis en que el Presidente de la República debe acatar lo que plasmó en su “Plan de Gobierno 2014-2019”, en el “Acceso a la justicia”, el cual indica lo siguiente: “Adecentaremos y fortaleceremos el Órgano Judicial y el Ministerio Público, de manera que la justicia sea independiente, accesible, eficiente, expedita, transparente, e igual para todos.  Para adecentar el sistema, removeremos por las vías contempladas en la Constitución y la ley, a aquellos funcionarios que no han cumplido con la justicia”.

Finalmente, la dirigente del sector privado subrayó en que se retome el contenido del Pacto de Estado por la Justicia, que data de 2005, en cuanto a tomar en consideración las propuestas de las diferentes organizaciones empresariales y civiles de diferente naturaleza, en relación a la persona que ocupe la magistratura de la Corte Suprema de Justicia que ahora quedará vacante.