En atención a lo expresado por la Procuradora General de la Nación y lo actuado por el Órgano Judicial, la APEDE se pronuncia con las siguientes consideraciones:
1 .Tal y como demostramos al lanzar nuestra campaña “Detengamos La Corrupción”, APEDE comparte el descontento y la frustración de la ciudadanía ante la persistencia de este flagelo y exige que los desfalcos, sobornos y abusos de poder que hayan realizado funcionarios públicos – sea cual sea la administración en la que ello haya ocurrido – sean castigados con penas severas, a fin de lograr el Panamá más justo que todos anhelamos.
2 . Lo actuado por el Juzgado Duodécimo no es un veredicto automático de impunidad. Exigimos que dicha determinación se haga en estricto apego a la ley, se respete el debido proceso y sobre todo el resarcimiento de los daños causados a nuestra sociedad que espera que todo lo vivido en el caso Odebrecht no se repita jamás.
3 . Desde el inicio de su gestión, la Procuradora ha contado con el apoyo de la sociedad civil en general y, específicamente, de APEDE; sin embargo, ese apoyo no es incondicional. El mismo exige un rendimiento de cuentas sobre el trabajo realizado. Y en cuanto a esto, el Ministerio Público, lamentablemente, ha cometido errores y omisiones que han contribuido de manera esencial a llevarnos a la situación que la propia Procuradora ha denunciado.
4 . Para el Ministerio Público no era secreto que contaban con (2) dos meses, a partir de la primera detención, para remitir el expediente con su vista fiscal y no es la primera vez que confronta un revés procesal, por inatención a los plazos improrrogables que le confiere la ley.
5 . En ese sentido, el Ministerio Público y el Órgano Judicial deben trabajar en conjunto ante el momento crítico que enfrenta nuestra débil institucionalidad democrática. Actuaciones como las recientes, los han convertido en parte fundamental del problema y no de la solución.
6 . APEDE no puede desatender el derecho humano que postula que todos somos – y debemos ser – iguales ante la ley, por ello tampoco podemos pasar por alto la triste realidad que, en innumerables casos, el Órgano Judicial ha pasado por alto a miles de personas – tanto inocentes como culpables – quienes a la fecha siguen detenidas preventivamente sin que se les haya honrado su derecho a un juicio justo e imparcial. Estos detenidos, anónimos ante la opinión pública por no estar vinculados a casos de alto perfil o no haber formado parte de grandes empresas o gobiernos anteriores, merecen que se les respete su debido proceso y que se les conceda su derecho a defenderse ante un tribunal dentro de los plazos que establece la ley.
7 . Lo anterior no equivale a abogar por el sobreseimiento de esos imputados. Pero sentar precedentes contradictorios y, aún peor, dejar a dichos imputados indefinidamente en el limbo de la detención preventiva, es contrario a toda noción de un sistema judicial justo y eficiente.
La confianza ciudadana en la administración de justicia atraviesa uno de sus momentos de mayor precariedad en nuestra historia, por lo que exhortamos a todos los tribunales, incluyendo y especialmente a nuestra máxima corporación de justicia, a que cumplan con su función de pronunciar fallos en derecho, debidamente examinados y sustentados, que reafirmen el debido proceso legal.
Por todo lo anterior, y como uno de los más firmes voceros y aliados de la institucionalidad en nuestro país, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa reitera su llamado a una COALICIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN, con todos los sectores de la sociedad, para que juntos emprendamos las acciones necesarias contra la impunidad.
