Desde APEDE vemos positivamente que se hayan reactivado la mayoría de las actividades económicas y lugares de esparcimiento, sin dejar de lado que hay que establecer fechas para la reapertura de las que aún faltan. Dentro de ese esquema de reaperturas es importante señalar que las cifras de contagios y letalidad se mantienen controladas, y eso habla de la responsabilidad asumida por empresas y comercios que abrieron sus puertas cumpliendo rigurosas medidas de bioseguridad, para resguardar la salud de colaboradores y clientes; así como la responsabilidad de cada ciudadano de cuidarse y cuidar a los demás.
Sin embargo, hacemos un llamado de atención a las autoridades de salud en cuanto a recientes declaraciones, en donde, sin fundamento legal, vulneran los derechos individuales y la seguridad jurídica, que deben imperar en un Estado de Derecho.
Por otro lado, debemos recordar que los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley les permita; cuando se contraviene ese principio se atenta contra la libertad individual y la libre empresa; el derecho a vender o comprar, basado en el mercado de oferta y demanda, no puede ser condicionado por apreciaciones personales de funcionarios, y menos si las mismas no se han fundamentado en las normas y leyes vigentes.
El sector productivo ya enfrentó obligaciones importantes para abrir sus puertas cumpliendo con medidas de bioseguridad. Hoy, más que nunca, las autoridades deben ser facilitadores en el proceso de reactivación para que cada micro, pequeña, mediana y gran empresa permanezca abierta de forma segura y eficiente. Lo que en el corto plazo resultará en más contratos reactivados y mayor generación de empleos. Pero, para que dicho objetivo se alcance se deben respetar las reglas del juego, manteniendo como hemos dicho, un equilibrio entre lo sanitario y lo económico.
Es importante dejar que las fuerzas del libre mercado, de la oferta y la demanda, sean las que empujen el crecimiento económico y la reactivación productiva del país. Entendemos que cualquier incumplimiento en las reglas establecidas debe incluir las consecuencias legales correspondientes; pero, solicitamos que dichas consecuencias sean individuales y no se generalice.
Aportemos y concentrémonos. La reactivación segura y efectiva debe ser nuestra ruta crítica; por lo que unidos, sector productivo, ciudadanos y gobierno tenemos que recorrer este camino de forma inminente. Las autoridades deben ser facilitadoras de la nueva normalidad, atraer inversión extranjera, turistas y comercio. Evitando prácticas y acciones que tengan un efecto contraproducente en los pasos avanzados en la reactivación de una economía paralizada por 7 meses.
Respetemos los derechos individuales y las garantías de trabajo digno con empresas sostenibles a las cuales hay que fortalecer, para echar adelante la rueda del progreso, nuevamente en nuestro país.
Panamá, 1 de noviembre de 2020
